Los problemas de Joan Laporta parecen no tener fin. El presidente del Barcelona ha declarado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 22 de la Ciudad Condal como investigado en un presunto delito de estafa de 91.500 euros por su directa participación en la desaparición del Reus, club que compró, junto a otros ex directivos culés, a través de las sociedades Core Store, de la que es accionista directo y fue administrador hasta 2019, y CSSB Limited. Sin embargo, el horizonte judicial de Laporta podría empeorarse después de que Pepe Oriola, el abogado de la mujer que ha demandado al dirigente azulgrana, ha apuntado a su responsabilidad en la desaparición de hasta cuatro millones de euros en esta operación.
“La declaración desde nuestra parte ha ido muy bien. Laporta ha respondido en una declaración que ha sido en catalán, aunque nosotros preguntamos en castellano”, ha confesado Oriola al salir de los juzgados, que ha avanzado que va a pedir seis años de cárcel por estafa. “Han desaparecido cuatro millones de euros, que nadie sabe dónde están, ni nadie justifica quién se los ha gastado, ni en qué se han invertido, ni en absolutamente nada”, ha añadido el letrado, que defiende a una mujer que invirtió 104.000 euros para el proyecto ideado para el ascenso del Reus y la creación de una red de academias de fútbol en China. La querellante recuperó sólo 12.500.
🗣️ Pepe Oriola, abogado de la inversora afectada por el Caso Reus:
— Andreu Rauet (@AndreuRauet) January 16, 2026
“Han desaparecido 4 millones de euros y Laporta no ha explicado donde están”.
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En su comparecencia como como investigado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Laporta ha querido desentenderse por completo al frente de las actividades de Core Store y CSSB Limited. Además, el alto dirigente culé ha hecho recaer la responsabilidad en el que fue gestor de una de esas compañías y también director del Barça durante su primer mandato como presidente (2003-2010), Joan Oliver. También están involucrados en la causa otros ex directivos, como Xavier Sala Martin y Rafael Yuste i Abel. Este último ha aplazado su comparecencia, prevista para este viernes, al haberle sido notificada tarde la querella.
Por su parte, Oliver y Sala Martín se encontraban ilocalizables en la primera notificación y volverán a ser citados en breve. El periodo de instrucción se puede prolongar durante los próximos meses con el fin de esclarecer lo sucedido con el ‘caso Reus’, en el que la imagen de Laporta puede dañarse más. El controvertido empresario catalán está metido de lleno en el ‘caso Negreira’, al haber multiplicado los pagos al ex ‘número dos’ del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante su primer mandato como presidente del Barcelona. En total, los culés retribuyeron con hasta 8,4 millones de euros a la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio.
Pérdidas millonarias
Además de esta causa, Laporta está investigado por una presunta estafa de 4,7 millones de euros cometida entre 2016 y 2018 a una familia que logró una ganancia patrimonial de 34 millones de euros en la Primitiva. La familia invirtió en CSSB Limited por un periodo de tres años al 6% de interés al año. El presidente del Barcelona también ha recibido una querella por parte de un inversor que en 2016 invirtió 50.000 euros en CSSB con la promesa de una rentabilidad similar y “la posibilidad de recuperar la inversión” en el Beijing Institute of Technology.